Tras un polémico periplo parlamentario, la ley de bienestar animal, aprobada en marzo, entró en vigor el 29 de septiembre con muchas incógnitas en el desarrollo previsto en la propia norma, que no podrá abordarse hasta que haya Gobierno. A pesar de esas lagunas, el nuevo marco legal supone un punto de inflexión en el trato que reciben los animales en la sociedad española, muy influido por una tradición proclive a considerarlos en función de su utilidad y poco sensible a su sufrimiento.

Cada año son abandonadas unas 300.000 mascotas, entre ellas más de 20.000 perros de caza. Aunque el Código Penal castiga ya con severidad el maltrato grave, quedaban impunes muchas conductas lesivas. La dispersión normativa generaba además desigualdad y confusión. Era pues necesario establecer con claridad los requisitos para garantizar el bienestar de los animales, calificados ahora como 'seres sensibles cuyos derechos y dignidad deben protegerse'.

La norma ya en vigor es menos ambiciosa que el proyecto que entró en las Cortes por la reacción que suscitó entre los cazadores y otros sectores, que obligó a presentar una enmienda para excluir a los perros de caza y a los animales de 'uso profesional' con la promesa de que serán objeto de regulación específica. También se excluyen la tauromaquia, los animales silvestres, los de producción, los usados en laboratorios y las aves de cetrería.

Con todo, la ley mantiene un gran alcance, especialmente en la protección de los 13 millones de animales de compañía que se estima que hay en España. A partir de ahora, no se podrán exhibir ni vender en tiendas ni por internet; solo podrán hacerlo los criadores acreditados. Y todos tendrán que ser registrados, incluidos pájaros, roedores o reptiles. Se endurece además el castigo para situaciones de maltrato o abandono, con multas de entre 500 y 200.000 euros.

Los perros no podrán estar solos más de 24 horas y en el caso de los gatos, más de tres días. No podrán vivir en trasteros o terrazas y quedan prohibidas conductas habituales como dejarlos atados en la puerta de un centro comercial o encerrados en un coche. La ley prohíbe también el sacrificio de los animales acogidos en refugios.

Queda para más adelante la regulación del seguro obligatorio de responsabilidad civil que los propietarios de mascotas deberán suscribir y los cursos que deberán seguir para tenerlos. Una pieza fundamental es, sin embargo, el registro de animales y de criadores, que ha de ayudar a erradicar las altas tasas de abandono actual.

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Considerada insuficiente por las asociaciones animalistas y excesiva por las de cazadores, la nueva ley ha tenido un parto lleno de bulos y controversias distorsionadas, pero hay que celebrar que, por primera vez, España cuenta con un marco que mejora la vida de los animales y con ellos, la dignidad de todos.

Fuente: El País


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